La Fundación Leticia Rosino pide que se revisen los plazos y medidas de internamiento para delitos graves cometidos por menores tras el inminente fin de la pena del asesino de Leticia, destacando la necesidad de proteger a las víctimas y garantizar la justicia proporcional.
Ocho años después del trágico asesinato de Leticia Rosino en Castrogonzalo (Zamora), su familia se enfrenta a un nuevo capítulo marcado por la salida de prisión del condenado, que perpetró el crimen hace ocho años siendo menor de edad. El próximo 3 de mayo, el joven, que entonces tenía 16 años, comenzará a cumplir una medida de cinco años de libertad vigilada, bajo estrictas condiciones fijadas por el Juzgado de Menores de Zamora: deberá facilitar un domicilio, comunicar cualquier cambio de residencia o actividad laboral y someterse a un programa de educación sexual, además de no poder acercarse a Tábara ni a Castrogonzalo.
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